Por Ángel García Lascurain
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se llevó a cabo un debate en el mundo sobre dos modelos de desarrollo alternativos, uno basado en la economía de libre mercado y sistemas democráticos representativos y el otro fundamentado en el control estatal y la planificación centralizada. Durante las últimas tres décadas el modelo de libre mercado generó efectivamente un periodo prolongado de crecimiento a nivel global y en México. Quedó claro que la ampliación del control estatal de la economía desincentiva la inversión y genera múltiples ineficiencias, como hemos visto en México recientemente.
No obstante, los frutos del crecimiento en los últimos treinta años no fueron distribuidos equitativamente. México sigue registrando en la actualidad niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. La concentración del ingreso también se dio en el resto de América Latina y en economías más avanzadas, incluyendo a Estados Unidos y a países europeos.
Esta realidad ha acentuado a nivel internacional el debate sobre la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo alternativo, que promueva un elevado crecimiento económico, con impacto social y ambiental positivos. Diversas organizaciones como la OCDE, el Foro Económico Mundial, organismos empresariales y en la academia, han presentado propuestas que buscan liberar el potencial de la sociedad y limitar los intentos de imposición de modelos extremos de libre mercado o de intervención estatal. Le han llamado de economía incluyente, capitalismo de partes interesadas, capitalismo consciente o progresivo y comparten algunos elementos principales:
- Un nuevo contrato social: mayor balance entre intereses individuales y colectivos. El Estado se enfoca en garantizar una protección social completa (ingreso básico universal, seguro de desempleo, pensiones suficientes, salud de calidad, etcétera).
- Preservación del Estado de derecho: seguridad, respeto a contratos, combate a la impunidad.
- Propósito mayor de la empresa: una misión más amplia y profunda, valores compartidos entre clientes, empleados, proveedores, inversionistas, sociedad y el medioambiente. Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse tan solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de objetivos ambientales y sociales.
- Equilibrio de poderes y democracia efectiva.
- Pleno empleo: articulación de políticas fiscal y monetaria.
- Mayor productividad: en las empresas y a nivel nacional.
- Educación de calidad: amplia cobertura educativa, modelo dual, nuevos requerimientos de los mercados laborales.
- Innovación: impulso al conocimiento e investigación, a la ciencia y a la tecnología.
- Mercados más regulados: competencia efectiva.
En México quien ha tomado el liderazgo de impulsar una discusión seria y profunda sobre la necesidad de definir un nuevo modelo de desarrollo inclusivo ha sido la Coparmex. El modelo incluye exigir la vigencia del Estado democrático y de derecho, impulsar políticas económicas de mercado solidarias y promover condiciones para un desarrollo inclusivo y sostenible, con la participación central de las empresas. Estos elementos plantean la mejor ruta para nuestro desarrollo como sociedad.
Los empresarios, comprometidos con un México mejor para todos.
